Los pleitos de incorporación a la Corona empezaron a ser numerosos con la llegada al poder de los Borbones, dada la política centralizadora y la recuperación de rentas que había emprendido la nueva dinastía real.
Estos pleitos eran costosos, tanto en tiempo como en dinero, y el resultado era incierto, pero, aun así, nuestro pueblo incoará su Pleito de incorporación a la Corona pronto, en 1761; aunque no se iniciará hasta 1791.
Como nos recuerda Antonio Atienza: «a mediados del siglo XVIII nuevos tiempos recorren Europa (revolución burguesa) y, al impulso de ellos, los chivanos pensarán que era hora de, siguiendo el ejemplo de otras poblaciones, sacudirse el régimen feudal, precisamente en un momento en el cual los nobles querían apretar los tornillos a sus vasallos y recuperar viejos derechos e impuestos que poco a poco habían caído en desuso». El que se les reconociera vasallos directos del rey, conllevaba múltiples ventajas como el pago de menos impuestos o que la justicia fuera impartida por los oficiales reales, en lugar de los del Señor.
Además, también podría tener que ver esta decisión con el cambio de dinastía en nuestra Villa, pues, en 1756, el título de marqués de Aytona y sus anejos, entre los cuales se encontraba el de Barón de Chiva, había pasado a la Casa de Medinaceli. Es el año en que fallece Teresa de Moncada, que se había casado en 1722 con Pedro Fernández de Córdoba-Figueroa, que sería mayordomo del rey Carlos III. Ese año, sobreviene un periodo de malas cosechas debido a una plaga de langosta, coincidiendo los problemas financieros de los Duques con los del propio municipio. Unos apuros que se irán resolviendo aconteciendo un periodo de pujanza económica y social que permitirá, entre otras cosas, el impulso de la construcción de la nueva iglesia parroquial dedicada a San Juan Bautista, que había comenzado en 1737.
Ese desarrollo económico que conlleva un progreso demográfico y de las mentalidades, por otra parte, también avivara esa creciente aspiración de los vasallos, que hemos mencionado, a conseguir nuevos privilegios y sacudirse el yugo feudal y que se materializa en ese año de 1761, según apuntan diferentes historiadores. Eso que la presión señorial sobre la baronía de Chiva, parece que no era excesivamente grande, comparada con otros territorios; sobre todo con los grandes hacendados rurales, que configuraban la oligarquía local. Sin embargo, serán éstos los que irán aligerando su estrategia colaboracionista y aumentando la resistencia judicial al Señor, buscando maximizar sus rentas, más que acabar con el sistema feudal.
Así, como observamos en diferentes legajos de Bailía del Archivo del Reino de Valencia, aquí, como en el resto de pueblos, no son los campesinos los que inician el litigio, pese a que soportan una mayor presión fiscal y abusos, sino la burguesía agraria que reclama, en pro de sus intereses, un cambio de régimen y una mayor relevancia social; para hacerlo efectivo se aprovechará de su dinero y de su poder en el gobierno municipal; también de su influencia sobre sus jornaleros o braceros, con quienes buscará líneas de convergencia.
En todo este periodo crecerán las demandas relacionadas con los derechos privativos: monopolios sobre molinos, hornos, almazaras, bodegas, trulls, tabernas, ventas, carnicerías o arrendamiento de hierbas. También con el pago de diezmos y primicias o las apropiaciones de bienes comunales, baldíos e, incluso, propios de los municipios. Tampoco serán escasos los procesos provocados por la elección de oficiales y cargos de gobierno en los consistorios por parte del Señor; como ocurre con el de alcalde, en el caso de Chiva. Los vecinos por alcanzar una mayor libertad en la elaboración y comercio de los productos; igualmente, reducir el control señorial sobre las cosechas o los pastos.
Así mismo, en esta época de desintegración del Antiguo Régimen, no sólo vemos pleitos entre señores y campesinos, también entre autoridades religiosas y pueblos, como el del Duque de Medinaceli con el prior y religiosos del convento de predicadores de Valencia sobre la partición de frutos de la Masía y tierras del llano de Quarte; o incluso, por el linde de los términos municipales, como el que enfrenta al Duque con el Monasterio de Nuestra Señora de Poblet, por el amojonamiento de Chiva y Quart.
Pero, volviendo al proceso incorporación a la Corona, que es el que nos ocupa, podríamos añadir que, existe un legajo que donó, hace unos años, la familia Corral al Archivo Municipal, y que pudo haber estado incluido en la documentación que serviría para iniciar ese procedimiento judicial, pues recoge esas pruebas que reforzarían los argumentos que defenderán los potentados locales en sus demandas jurisdiccionales contra los Medinaceli.
Se trata de un auto de 17 de julio de 1751 en el que el notario Juan Antonio Espada da fe de dos escrituras públicas sacadas de originales sitos en la Villa de Chiva. El primero es la escritura de avasallamiento de 1610 (Carta Puebla). La concordia de Gastón de Moncada, que está en Zaragoza de Virrey, con los nuevos pobladores (está redactada por su hijo Pedro de Moncada, presbítero Deán de la iglesia mayor de Tortosa). El otro documento que se transcribe son las escrituras del Archivo Real de Barcelona de la Corona de Aragón, en la que se menciona la historia de los Entenza en la población.
Posiblemente este pliego iría dirigido, como ya apuntamos, a iniciar ese proceso, pues con éstas escrituras aportadas por el Concejo se demostraría que la villa había sido enajenada por la Corona por venta en el año 1249 y atestiguaría la presencia de población cristiana en Chiva antes del extrañamiento morisco y su continuidad tras el año 1609. Debía documentarse que la baronía había salido de la Corona por venta y no por merced real. En caso de aclararse que el señorío fue adquirido a título oneroso, restaba pagar al dueño baronal el precio de la compra. Ahora bien, aun probándose que el señorío se había constituido mediante compra, podía no ejecutarse la revisión a la corona si constaba haber quedado despoblado, concediéndose su posterior repoblación al señor con Carta Puebla.
Pese a estos antecedentes, al final, el pleito de incorporación se iniciará en 1791, un año después de la muerte del Duque Pedro Fernández de Córdoba-Figueroa y no se zanjaría hasta 1900; aunque desde mucho antes (1835), el duque ya no cobrará sus derechos feudales y tendrá sus bienes en la baronía, como su propia casa-palacio, secuestrados por el estado.
*El original del plano que reproducimos, de 1751, sobre el amojonamiento de Chiva y Quart, se conserva en el Archivo del Reino de Valencia.
JCM
Fecha de publicación: 23/10/2022